No estoy muy segura de qué hayan dicho los medios internacionales sobre la situación en Colombia, pero aquí les quiero aclarar todos los problemas que se vienen presentando, y que estallaron, con lo que se conoce como la reforma tributaria.

¿Qué es la Reforma Tributaria?

Empecemos por lo más sonado en los medios, la reforma tributaria. Este fue un proyecto pasado por el presidente Iván Duque, en el cual se proponía recaudar dinero para superar la crisis económica que la pandemia del COVID-19 trajo consigo. Hasta ahí nada mal, ¿verdad? El problema no era el fin de la propuesta, dado que la crisis que trajo aumentó mucho más la pobreza y el desempleo del país, sino la forma en que el gobierno pensaba recaudar el dinero.

El gobierno esperaba recaudar 6.800 millones de dólares, lo que en pesos serían 25.4 billones de pesos colombianos. Sin embargo, la fuente de dónde se iban a recaudar los medios eran la clase media y baja del país. ¿Cómo así? La reforma tributaria proponía ampliar la cantidad de personas que pagarían impuesto sobre la renta hasta los trabajadores que ganan dos salarios mínimos y medio (2.5 millones de pesos colombianos/ 675 dólares) mensual, hasta personas que recibieran solo un salario mínimo mensual o menos.

Además, se pretendía subir el impuesto (IVA) a los productos de la canasta familiar (que están incluidos bajo este término, ya que son productos de primera necesidad como el agua, el pan, lácteos, cereales, verduras, huevos. Lo más básico) que en el momento están exentos o tienen un IVA del 5 %, para subirlo al 19 % que es el IVA que manejan los demás productos. En esto también se pretendían incluir los servicios públicos de luz y gas, dependiendo del estrato social.

Un grande problema de esta “recaudación” fueron los derroches del gobierno en medio de la pandemia, en los cuales gastaron millonarias sumas en autos oficiales y la posible compra de aviones de combate, por una cantidad que sería cerca del 60 % de lo que la reforma tributaria pretendía recaudar.

Colombia es uno de los países más desiguales del mundo, el más desigual de América Latina. La pobreza, para el 2019, incluía a 17,40 millones de personas y para el 2020 fueron 21,02 millones de personas en pobreza. Cantidad que representa al 42,5 % de la población del país. Y como si esto no fuera poco, de tener 4,68 millones de persona en pobreza extrema para el año 2019, pasmaos a tener 7,47 millones de colombianos en pobreza extrema para el 2020.

El cinco de mayo el presidente Iván Duque retiró oficialmente esta propuesta de ley, pero es diecisiete de mayo y el paro nacional sigue. Existen otros problemas tan graves, e incluso más, que la reforma tributaria, como, por ejemplo, la reforma de salud, en la que, “según cita el texto del proyecto de ley ordinaria, está concebida para mejorar la salud de la población colombiana mediante acciones colectivas e individuales de promoción de la salud, prevención de enfermedades y atención integral, continua y de calidad; la molestia que genera la propuesta deriva de la presentación de un articulado que muchos han calificado como ambiguo, pues no determina con exactitud la manera en que se distribuirán los recursos, cómo se sostendrá el sistema, cuál será el verdadero alcance de las gestoras de salud y de qué forma intervendrá el Gobierno.” Además, generará un mayor poder a las EPS (entidades promotoras de salud) sin generar un cambio sustancial en la forma en que estas operan y abusan del usuario, o una reforma total como muchos profesionales y ciudadanos han pedido.

¡Uribe paraco, el pueblo está berraco!

Sí usted ha visto vídeos de las protestas que se dan en Colombia o que se han hecho en diferentes países apoyando al paro nacional, usted probablemente haya escuchado la siguiente arenga: ¡Uribe paraco, el pueblo está berraco! Pero ¿quién es este tal Uribe?

Álvaro Uribe Vélez fue el presidente de Colombia en los años 2002 al 2010. Es una de las figuras más infames del país, ya que bajo su mandato se cometieron una serie de violaciones a los derechos humanos monumentales, entre ellas, los falsos positivos.

Este es uno de los capítulos más crueles y sangrientos de la historia reciente de Colombia. Hay que recordar que el país tiene más de sesenta años de conflicto armado entre el gobierno central y los grupos subversivos al margen de la ley, entre los más reconocidos se pueden recalcar el ELN y las FARC (coloquialmente llamados guerrilleros o paramilitares).

En la guerra contra estos grupos, también se generó una guerra contra la droga, no es secreto alguno que la droga es una de los principales fuentes de financiación de todos los grupos y dado que Colombia es uno de los mayores productores de cocaína, la mayoría de esta alimenta el mercado del consumo de Estados Unidos. Es por esto, por lo que el gobierno de ese país financiaba (o bueno, financia) la guerra contra la droga y el conflicto armado de Colombia.

Para el año 2008, en pleno gobierno de Uribe, estalló un escándalo que, aunque ocasiono que varios militares fueran llevados a un tribunal, hasta el día de hoy sigue impune: los falsos positivos.

El gobierno de Estados Unidos tenía una serie de “recompensas” o comisiones por la cantidad de guerrilleros que una unidad reportara como dado de baja en combate, es decir, mientras más guerrilleros mataban mejor, ya que podían conseguir bonificaciones en efectivo, ascensos, reconocimientos o días de descanso.

¿Qué pasó entonces? Como a mas altas cifras de muertos, mejores cosas podían conseguir, el ejercito de Colombia empezó a matar civiles haciéndolos pasar como guerrilleros para poder recibir los beneficios que les prometían por aumentar las cifras de bajas en combate.

En el 2008 se dio a conocer el caso de los muchachos de Soacha, un municipio al lado de Bogotá, la capital del país, donde varios muchachos, jóvenes, habían desaparecido. La policía no le dio importancia al caso, dado que eran jóvenes de barrios “difíciles”, de los más pobres. A los pocos días, varios de estos jóvenes aparecieron en los noticieros nacionales como guerrilleros o jefes paramilitares que habían sido dados de baja en el Santander (departamento de Colombia que, literalmente, queda al otro lado del país).

Esto destapó un montón de casos que venían ocurriendo desde hace muchos años, pero como la mayoría sucedía en veredas, pueblos o caseríos lejos de grandes ciudades y de la prensa, no fueron escuchadas las denuncias de los abusos del ejercito y del gobierno. Cuando el caso empezó a tomar fuerza en los medios, gracias a las mamás de Soacha y a pesar de las amenazas, intimidaciones y demás hostigamiento que los familiares de estos muchachos recibieron por hacer la denuncia pública, se conocieron detalles terribles.

En el gobierno de Álvaro Uribe Vélez se dieron el 78 % de los casos que se tienen registrados y, a pesar de que el ejercito y el gobierno dijeron que esta fue “una práctica aislada de algunas unidades, las más de 6 402 víctimas que han sido descubiertas en diferentes partes del país sugieren lo contrario. El expresidente Uribe afirma que los informes de estos casos están hechos para “desacreditar su persona”. Un dato que hay que tener muy en cuenta, es que a pesar de que existe una figura llamada Ministro de Defensa, es el presidente de la republica el máximo comandante de las fuerzas armadas del país. (No estoy diciendo que este señor no tenga que ver en estas decisiones).

En varios testimonios de soldados que participaron en estos hechos, se dio a conocer el modus operandi de este proceso. Entre los lugares para encontrar estás victimas los barrios más pobres de las grandes ciudades eran uno de los mejores, había una persona residente del barrio, hombre o mujer, el cual llamaba la atención de los jóvenes con drogas, alcohol, sexo y la oportunidad de un buen trabajo estable.

Un trabajo estable, así es como los engañaban.

La mayoría de estos jóvenes buscaban desesperadamente la forma de ganar dinero para, por lo menos, vivir dignamente con sus familias. En la mayoría de los casos que se dieron en las ciudades, les decían que era para trabajar en una finca recogiendo café. Era, por supuesto, muy lejos de su lugar de residencia y lo único que debían conseguir era el dinero del pasaje en bus hasta allá. Todos salían casi que el mismo día de sus ciudades. Cuando llegaban a su destino los reunían y los montaban en un camión, en el que supuestamente los llevarían a la finca donde, a parte del sueldo que les pagarían, tendrían una cama donde dormir y tres comidas al día gratis, por la supuesta mano de obra.

Allí, los llevaban a lugares apartados de toda civilización donde ya estaban los soldados del ejército esperándolos, los hacían bajar a la fuerza, desnudarse, ponerse uniformes de camuflaje y después los fusilaban. Además de esto, plantaban armas en los cuerpos, para que fuera más “creíble”. Implementos que no son nada baratos ni fáciles de conseguir en el país, pero hey, “son casos aislados”.

Algunos soldados haber matado civiles por un celular o, incluso, una hamburguesa. Sí, una hamburguesa.

Hasta el día de hoy ninguna figura prominente del ejercito o del gobierno ha sido condenada por estos crímenes. Es a raíz de esto que hay tanta desconfianza a las figuras de autoridad por parte de los jóvenes, además, por supuesto, de toda la demás violencia y corrupción que se da en el país.

A parar para avanzar, ¡Viva el Paro Nacional!

Según el Índice de Desarrollo Regional para América Latina, Colombia es el país más desigual, también está catalogado entre los países más corruptos del mundo. Es un país donde conseguir una educación superior está casi que reservado para la clase media-alta y alta urbana. Sí es que uno no quiere endeudarse de por vida, claro está.

Existen universidades públicas, una de ellas, de hecho, es la segunda mejor universidad del país. El problema es que los cupos no son gratis y son muy pocos, el dinero que invierte el gobierno a la educación no alcanza para tener unas instalaciones decentes (o que puedan ser utilizadas en algunos casos, ya que se están cayendo a pedazos, literalmente). O los directores de algunas de ellas se roban el dinero y la universidad acaba peor de lo que estaba.

Aparte de todos los problemas anteriores se ha venido dando, desde mucho antes del paro nacional del 2021, la extrema brutalidad policial contra los manifestantes. En uno de los casos más recientes antes de la pandemia, tenemos el de Dylan Cruz, un joven de dieciocho años asesinado por la policía. Además de Dylan, hay muchos más antes de él, sin contar la cantidad de jóvenes que han quedado mutilados, en su mayoría, sin un ojo.

En Colombia existe el ESMAD, escuadrón móvil antidisturbios, quién ha sido protagonista de la mayor cantidad de abusos que se han dado desde que iniciaron las protestas el 28 de abril. Y el mayor de los problemas es que el gobierno niega que se hayan violado derechos humanos.

¿Qué es lo que está pasando? Hay ciudades que han sido militarizadas, cuando, en la mayoría de los casos, son los policías los que empiezan la violencia. Ahora, ¿se han dado casos de violencia contra los policías? Sí, por ejemplo, hacia los primeros días de la protesta se incendiaron varios CAI’s de Bogotá (centro de atención inmediata), uno de ellos con varios policías dentro de este. Lograron salir antes de que resultaran heridos por el fuego.

La brutalidad policial ha alcanzado su máximo tope y la ciudadanía ya está cansada de esto. Usted podrá escuchar de la boca de los jóvenes, que son la comunidad mayoritaria en estas marchas, que no le tienen miedo a la muerte con tal de que sea por un mejor país. Frase muy dura de escuchar, cuando se supone que se firmó un acuerdo de paz y el país está “bien”.

Se preguntará usted, bueno, ¿y qué pasó con el acuerdo de paz que le dio al presidente Juan Manuel Santos en nobel de la paz? Nada. No pasó nada. La mayoría de los colombianos estaban muy inconformes con este acuerdo, ya que se generaron todo tipo de campañas, encabezadas por el uribismo, difamando lo que en verdad decía y proponía el acuerdo. Documento que, por supuesto, la mayoría de los colombianos no leyó.

Suena irónico decir que un país con más de seis décadas de conflicto haya votado no a la paz en un plebiscito, pero así pasó. El acuerdo, de todas formas, se concretó y se firmó. Irónicamente, en la mayoría de las ciudades y departamentos más afectados por el conflicto armado el sí ganó, las víctimas querían paz y justicia. ¿Se ha respetado? No, no del todo (casi nada) y aún menos cuando en su campaña, Iván Duque ganó tantos adeptos diciendo que iba a tener mano dura contra todos los desmovilizados y que este país no se iba a convertir en otra Venezuela. Por supuesto, desde el 2018, año en el que Duque subió a la presidencia, el acuerdo se murió junto con la poca paz que había conseguido el país.

Además de esto, el expresidente Álvaro Uribe incitó a los ciudadanos de Cali para que salieran a defender sus derechos por medio de su Twitter. ¿Cómo así? La ciudad de Cali ha sido una de las más afectadas, donde se han presentado muchos casos de asesinatos, desapariciones (forzadas), represión y cantidades de violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas públicas. Entre los protestantes, además de los jóvenes, se encontraban varios grupos indígenas que habían llegado a la ciudad como apoyo al paro nacional.

Este tweet incitó a lo que en Colombia hemos llamado “ciudadanos de bien”, es decir, personas de los más altos estratos socioeconómicos del país que sentían estaban siendo violentados sus derechos al no poderse transportar con facilidad en la ciudad. Aquí, y antes de seguir, quiero recalcar que el marco de paro nacional se ha dejado abiertos los corredores humanitarios. Esto es el paso de camiones con alimentos (que no son la misma cantidad de antes porque el gremio de los camioneros apoya el paro) o cualquier tipo de insumo médico, ambulancias, personas que necesiten atención medica bajo cualquier circunstancia.

Hay que recordar que las protestas, por supuesto, generan dificultad en la movilidad de una ciudad, van a ver calles cerradas, porque los manifestantes se congregan en ciertos puntos.

Pero estas “personas de bien”, que no podían moverse en automóvil con extrema libertad o facilidad decidieron salir a defender sus derechos con el apoyo de la policía nacional. ¿Qué hicieron? En camionetas, blancas en su mayoría y vestidos con una camiseta blanca salieron a dispararle a los manifestantes y a la minga indígena con sus armas de fuego. Mientras la policía los rodeaba protegiéndolos de los manifestantes.

Policías sin identificación, o también con ella, en sus uniformes, algunos con ametralladoras entrando a barrios residenciales buscando manifestantes. Policías atacando a las misiones humanitarias, prensa, concejales, madres, bebés, ancianos, jóvenes, al pueblo.

Colombia lleva veintiún días de paro nacional. Veintiún días donde se han registrado:

2 387 casos de violencia policial

384 víctimas de violencia física por parte la policía

43* víctimas de violencia homicida presuntamente por parte de la policía (*se están investigando 8 denuncias más, pero 43 es la cifra oficial)

1 139 detenciones arbitrarias contra los manifestantes

33 víctimas de agresión en sus ojos

146 disparos de arma de fuego por parte de la policía

18 víctimas de violencia sexual por parte de la policía

Además de lo anterior se han vivido muchas más cosas. Se han realizado redadas nocturnas por parte de la policía en diferentes barrios de varias ciudades del país, donde cortan la luz y se genera una caída en el internet (incluso en redes móviles) y empiezan a atacar gente o a llevársela.

Human Rights International, hasta el 18 de mayo reportó:

190 desaparecidos

10 ataques a las misiones médicas

470 intervenciones por parte de la organización

341 amenazas

Pero, dimensionemos un poco los datos dados: en Estados Unidos, específicamente las protestas que se dieron tras el asesinato de George Floyd, se reportaron 25 muertes (hasta el 31 de octubre del 2020) en 60 días de protestas; en Chile, 2019-2020, las protestas dejaron un saldo de 36 muertes reportadas hasta febrero del 2020, en 150 días de protestas; Colombia lleva 21 días de protestas y ya hay más de cuarenta muertos.

Una de las cosas más escalofriantes que se le ha escuchado decir al presidente en televisión nacional, no ha sido que “las fuerzas armadas tienen la orden de levantar los bloqueos bajo cualquier medio necesario”, que los manifestantes son vándalos que solo buscan desestabilizar el gobierno para que las guerrillas o Maduro, porque aquí en Colombia todo es culpa de Maduro, tomen las riendas del país o que las reformas eran para favorecer al pueblo. No. Lo más escalofriante es escucharlo decir que en Colombia no se ha violado ningún derecho humano y que los reportes que organizaciones como las Naciones Unidas o Human Rights International están basados en fake news.

Qué escalofriante es escuchar decir a un gobierno que no nos están matando cuando hay tantas pruebas de ello.

A hoy, 19 de mayo se ha logrado: el retiro de la reforma tributaria, la renuncia del Ministro de Hacienda, el archivo de la reforma de salud, la unión de un pueblo cansado cuyo sueño era lograr irse del país para buscar un mejor futuro. Ahora estamos luchando para que el sueño sea quedarse a construir un país mejor.

El presidente sigue negando cualquier violación a los derechos humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó anuencia a visita de trabajo en Colombia ante la cantidad de violaciones de los derechos humanos el 14 de mayo del 2021, hasta el día de hoy el presidente Duque no se ha pronunciado al respecto. Cabe recalcar que los únicos países de Latinoamérica que se han negado a esto han sido Cuba y Venezuela.

También se han abierto mesas de diálogo directo con los jóvenes manifestantes que no han sido respetadas tras la continuación del abuso la violencia policial. El estado sigue negando el exceso de los agentes públicos. En la capital para lo único que sirvieron las mesas de diálogo con los jóvenes ha sido para armar un lindo video de dos minutos que pueden ver en las redes sociales de la presidencia de Colombia.

La mesa de diálogo con el comité del Paro (grupo de agremiaciones como la Central Unitaria de Trabajadores, CUT; la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, Fecode; Dignidad Agropecuaria; Cruzada Camiones; entre otras) tampoco ha dado resultados. El gobierno no quiere tocar los temas del exceso de fuerza, violaciones de derechos humanos, ataques de civiles con armas de fuego a los manifestantes ni ninguno de los puntos en discusión.

La mesa diálogo de Iván Duque es con él mismo.